Maria Clara Posada

Recibí solicitud de rectificación por parte de @MarnIris Defensora del Pueblo y ex Magistrada Auxiliar de la JEP, por publicar los videos de las audiencias reservadas de Timochenko.

No me retractaré ni detendré mis denuncias sobre las presuntas irregularidades en la JEP.

Además, dejo constancia que este ataque organizado entre la JEP y la Defensoría del Pueblo expone mi seguridad a una situación de riesgo mayor.

Acá mi respuesta a la funcionaria que salió a defender con mucha celeridad a la JEP, pero no ha actuado con la misma rapidez para defender a los militares que no aceptaron responsabilidad, no ha reprochado que las FARC dejaron de entregar el 81.8% de los inmuebles y el 96.5% de los muebles que se comprometieron a dar para reparar a las víctimas ni se ha pronunciado sobre la tercerización que realizaron con el PNUD para ejecutar $201.467 millones con total opacidad.

#NoNosVanACallar

Doctor Rodrigo Uprimny: la amistad es una virtud, pero no responde ni justifica las denuncias de trato desigual en la JEP.

En su artículo en La Silla Vacía explica que la magistrada Julieta Lemaitre aplica el método PEACE para generar confianza y escuchar sin intimidar a los ex-FARC. Ese mismo método debería aplicarse, sin excepciones, a los militares. En su lugar se observa prejuzgamiento, minimización de argumentos e intimidación procesal.

Las garantías judiciales —respeto, escucha efectiva y presunción de inocencia— no pueden depender de haber pertenecido a las FARC o a la fuerza pública. Exigir ese estándar para los militares no es un favor: es un imperativo de igualdad ante la ley.

Ojalá el mismo empeño que se pone en defender a los magistrados amigos se dedicara al debido proceso de los militares, aunque no sean tan amigos de ellos.

Uruguay nunca decepciona. Hermoso.

Decisiones que cambian el rumbo
y mujeres que se atreven a tomarlas.

En Colombia hemos comprobado que, sin reglas estrictas de gobierno corporativo, las empresas estatales terminan expuestas a los intereses políticos del gobernante de turno. Esto pone en riesgo su valor, compromete su sostenibilidad y deteriora la confianza inversionista.

Si queremos preservar y potenciar esos activos, debemos avanzar hacia la democratización de su propiedad, con participaciones de control suficientes para que las decisiones queden en manos de accionistas interesados en proyectar el negocio, generar utilidades y garantizar su crecimiento, y no en servir de instrumento político.

La enajenación de Ecopetrol y de otras empresas estatales no es, entonces, únicamente una alternativa para atender el déficit fiscal, sino un deber de responsabilidad con el patrimonio de todos los colombianos.