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Verónica Hernández Muñoz

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@VeronicaLHM

Abogada, docente de D. Constitucional y DD.HH. Cofundadora de #LaCortedice y de la 1era. plataforma 🇪🇨 de criterios jurisprudenciales
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🔵 Otro caso de acción de protección manifiestamente improcedente: derecho a la propiedad

🔹La representante legal de una empresa presentó una acción de protección en contra del Alcalde y la Procuradora Síndica del Municipio de Manta.

🔹La compañía indicó que, al realizar trabajos de remoción de tierra sobre su propiedad, el Municipio la citó para un proceso administrativo para que presente los documentos que acrediten su propiedad.

🔹El Municipio indicó que existía una sobreposición y que el fraccionamiento no era procedente. No podía realizar el trabajo de remoción de tierra.

🔹Frente a este impedimento, la empresa presentó una acción de protección.

🔹La empresa perdió en primera instancia y ganó en segunda instancia.

🔹En el 2023, el procurador judicial del Fideicomiso de Garantías Superdeporte – Sulocionsa, presentó una acción extraordinaria de protección, que ganó.

🔺¿Qué dijo la CC?

▶️La Corte indicó que esta acción de protección era manifiestamente improcedente.

▶️Primero, la CC aclaró que la acción de protección sí puede resultar procedente para tutelar el derecho a la propiedad cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de mera legalidad y se verifica una afectación directa a su contenido constitucionalmente protegido, particularmente cuando se trata de un derecho previamente reconocido.

▶️Segundo, en este caso la Sala Provincial cometió un error porque no se limitó a examinar la constitucionalidad de la actuación administrativa del Municipio de Manta, sino que dispuso que dicha entidad conceda las autorizaciones solicitadas por la empresa para el ejercicio del uso, goce y disfrute de la propiedad, pese a que la controversia que dio origen al acto administrativo se relacionaba con la existencia de una sobreposición entre predios.

▶️Entonces, la decisión de la Sala Provincial no se limitó a eliminar un obstáculo administrativo, sino que dejó sin efecto la decisión del Municipio de Manta y ordenó conceder a la empresa constructora las autorizaciones solicitadas.

▶️Con ello, la Sala Provincial levantó la restricción administrativa que impedía a la compañía realizar actividades de subdivisión y construcción sobre un predio cuya situación jurídica se encontraba controvertida.

▶️La propia sentencia indicó que el Municipio de Manta negó la autorización de subdivisión debido a que existía una sobreposición entre ambos predios y que “es mediante la vía judicial que un juez debe dictaminar quién es el propietario del bien”.

▶️En tal sentido, la vigencia del título de propiedad de la empresa constructora no implicaba que se hubiese resuelto la controversia sobre el área en sobreposición, ni habilitaba a la Sala Provincial a disponer la concesión de autorizaciones sobre dicha área.

▶️La CC concluyó que, aunque la Sala Provincial fundamentó su decisión en la tutela de la dimensión constitucional del derecho a la propiedad, utilizó esta garantía jurisdiccional para dejar sin efecto una restricción administrativa que impedía conceder las autorizaciones solicitadas por la empresa constructora pese a que dicha restricción respondía a la existencia de una sobreposición de predios que aún no había sido resuelta por la justicia ordinaria.

▶️La sentencia impugnada vulneró el derecho a la seguridad jurídica y la CC la dejó sin efecto.

Sentencia No. 2524-23-EP/26
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💠 Hábeas Data: empresa vs IESS

🔹El IESS le impuso a una empresa una obligación por concepto de responsabilidad patronal.

🔹Posteriormente, el IESS anuló la resolución que impuso dicha obligación.

🔹No obstante, el IESS continuaba reportando en sus registros la obligación en mora.

🔹La empresa exigió al IESS la rectificación de estos datos pero esto no fue atendido.

🔹La empresa presentó un hábeas data. Ganó en primera y segunda instancia.

🔹El IESS presentó una acción extraordinaria de protección, que perdió.

🔺¿Qué dijo la CC?

▶️La Corte dijo que, en este caso, el hábeas data fue correctamente planteado, ya que se dirigió con el fin de que el IESS rectifique en su sistema informático la información derivada del acuerdo que anuló la glosa.

▶️La empresa solicitó mediante el hábeas data la rectificación del registro institucional que mantenía vigente una obligación ya anulada en sede administrativa por el IESS.

▶️La CC indicó que la Sala Provincial actuó correctamente.

▶️La Sala precisó que la controversia no se refería a una impugnación de la glosa en sí misma, sino a la persistencia de un registro informático que mantenía vigente una obligación previamente anulada en sede administrativa por el IESS.

▶️Lo que se “atacó” fue el dato erróneo en la base de datos del Sistema Informático del IESS.

▶️La CC dijo que, en este caso, la acción de hábeas data fue utilizada como un mecanismo para verificar la correspondencia entre el registro institucional del IESS y una decisión administrativa previamente emitida por la propia entidad.

▶️La controversia no reabrió el debate sobre la legalidad de la glosa, pero sí constató que el sistema informático institucional continuaba registrando como vigente una obligación que ya había sido anulada mediante el acuerdo administrativo correspondiente, emitido por el IESS.

Sentencia 425-23-EP/26
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“Trascendencia constitucional” en la acción de protección.

🔵 Nuevo caso de improcedencia de la AP

🔹Un Fideicomiso presentó una acción de protección con medidas cautelares en contra de la CFN y la PGE.

🔹El fideicomiso impugnó el memorando mediante el cual la CFN negó su solicitud de remisión de intereses en el marco de un procedimiento coactivo. Esta solicitud se fundamentó en el Art. 30 del Reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario, relativo al cobro de intereses cuando está pendiente una mediación.

🔹En el memorando, la CFN señaló que, conforme a su normativa interna, para aplicar el Art. 30 del Reglamento “es necesario contar con un acta de mediación suscrita” y no con un acta de imposibilidad de acuerdo.

🔹En la acción de protección, el fideicomiso alegó la vulneración del derecho a la seguridad jurídica por la incorrecta aplicación del Art. 30 del Reglamento y del Art. 74 de la Ley de Arbitraje, pues la CFN ordenó el cobro de intereses sin considerar que existió una mediación que duró 14 meses y que culminó con un acta de imposibilidad de acuerdo.

🔹La pretensión de la acción de protección consistió en que se ordene a la CFN realizar una nueva liquidación que esté conforme al Art. 30 del Reglamento, es decir, con una remisión de interese por el tiempo que duró la mediación.

🔹Como medida cautelar solicitó la suspensión del procedimiento coactivo hasta que se resuelva la acción de protección.

🔹El fideicomiso perdió en primera instancia y ganó en segunda instancia.

🔹La CFN presentó una acción extraordinaria de protección, que ganó.

🔺¿Qué dijo la CC?

▶️Para la Corte Constitucional este es un caso de manifiesta improcedencia de la acción de protección.

▶️Según la CC, la Sala Provincial analizó exclusivamente una supuesta antinomia entre el Reglamento y la normativa interna de la CFN que interpretó los requisitos para acceder a la remisión de intereses.

▶️A juicio de la Sala Provincial conforme el Art. 30 del Reglamento (que era norma jerárquicamente superior), no correspondía exigir un acta de acuerdo de mediación para la remisión de intereses de la obligación del fideicomiso como lo hizo la CFN, sino que bastaría el acta de imposibilidad de acuerdo.

▶️En definitiva, el análisis de la Sala Provincial se agotó en una supuesta contradicción de la normativa interna de la CFN con el Art. 30 del Reglamento.

▶️La CC indició que la Sala Provincial en ningún momento justificó la trascendencia constitucional* en su análisis, pues se limitó a invocar formalmente la supremacía constitucional y la jerarquía normativa del Reglamento frente a las disposiciones de la CFN.

▶️Para la CC, la mera resolución de una antinomia entre normativa infraconstitucional no corresponde a una acción de protección, pues no consiste en la tutela de derechos constitucionales.

▶️La vía idónea era la contencioso-administrativa.

▶️Declaró la improcedencia de la acción de protección y ordenó su archivo.

Sentencia No. 1548-24-EP/26
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🔵 Lapsus calami y excesivo formalismo

🔹 El Consorcio Durán Limpio, Valango S.A. y CIFICARCORP S.A., presentaron una acción especial por controversias en contratación pública en contra del Municipio de Durán

🔹El GAD de Durán pagó parcialmente una deuda vigente y mantenía otro valor pendiente de pago
 
🔹Los accionantes solicitaron que se ordene el cumplimiento contractual, además del pago del valor adeudado más intereses

🔹 El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil (TDCA) aceptó la demanda
 
🔹El Municipio de Durán presentó un recurso de casación. El TDCA calificó la oportunidad del recurso presentado y remitió el expediente procesal a la Corte Nacional de Justicia (CNJ)
 
🔹El conjuez de la CNJ dispuso al Municipio que aclare su recurso de casación
 
🔹El Municipio de Durán presentó ante el TDCA, por medio de la ventanilla electrónica, su escrito aclarando y completando el recurso
 
🔹El Municipio presentó ante la Sala Especializada un escrito manifestando que, en virtud de un lapsus calami, presentó el escrito ante el TDCA pero que lo hizo dentro del término dispuesto y solicitó que se curse oficio al TDCA a fin de que remitan al despacho el escrito de aclaración y complementación al recurso de casación presentado oportunamente
 
🔹El conjuez nacional inadmitió el recurso
 
🔹El Municipio de Durán presentó una acción extraordinaria de protección que ganó

🔺 ¿Qué dijo la CC?

▶️Si bien los artículos 270 y 75 del COGEP imponen a la parte recurrente la carga de aclarar y completar su recurso ante la autoridad competente, dentro del término previsto, y contemplan la inadmisión como consecuencia de su incumplimiento, estas disposiciones no pueden interpretarse de manera aislada ni conducir a que el rigor formal prevalezca sobre la garantía de recurrir que tienen los justiciables
 
▶️El Art. 169 de la Constitución establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. El Art. 18 del COFJ reproduce este principio.
 
▶️Una interpretación conjunta de estas disposiciones, conforme a los artículos 76 numeral 7, M) y 169 de la Constitución, exige evitar que una irregularidad meramente formal, susceptible de corrección, se convierta en una traba que torne impracticable la garantía de recurrir
 
▶️El artículo 129, numeral 9 del COFJ establece que, cuando los jueces adviertan su incompetencia deberán inhibirse de conocer la causa “sin declarar nulo el proceso” y disponer que este pase al tribunal o juez competente, “a fin de que, a partir del punto en que se produjo la inhibición, continúe sustanciando o lo resuelva”
 
▶️La CC considera que constituye una aplicación irrazonable de los presupuestos normativos, que torna impracticable la garantía de recurrir, tener por inexistente un escrito presentado oportunamente por el solo hecho de haber sido incorporado a un proceso o conocido por una judicatura distinta, cuando:
 
(i) fue presentado dentro del término dispuesto;
 
(ii) su contenido permite identificar con claridad el proceso y la decisión o actuación a la que se refiere; y,
 
(iii) la parte advierte el error y solicita que se lo considere.
 
▶️En este caso, la inadmisión del recurso extraordinario de casación constituyó un formalismo desproporcionado que sacrificó la justicia por la sola omisión de formalidades, en contravención del artículo 169 de la Constitución.
 
Sentencia No. 1526-24-EP/26