Tania Torres.

No Apto @noaptoco · Nov 5

En memoria a la constituyente
Por: @Tania_Torres___

Este primero de noviembre despedimos a Antonio Navarro Wolff, a sus 78 años. Y quiero escribir sobre la Constituyente para honrar el trabajo de quienes pusieron su voz, sus ideas y hasta sus propias historias de violencia al servicio de la Constitución que tenemos hoy y que, 35 años después, parece estar cada vez más amenazada.

La Asamblea Nacional Constituyente sesionó durante 150 días, entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. Nació en medio de una profunda crisis de violencia, narcotráfico y debilidad institucional, con el propósito de reemplazar una Constitución que llevaba más de un siglo vigente. Pero su origen también fue una expresión de esperanza y movilización ciudadana.

En 1990, estudiantes universitarios impulsaron la Séptima Papeleta, una iniciativa que invitaba a los colombianos a depositar un voto adicional en las elecciones del 11 de marzo para exigir una reforma constitucional. Como la Registraduría no iba a imprimir una papeleta oficial, los estudiantes tuvieron que ingeniárselas para que la propuesta llegara a las urnas. Se reunieron con directores de periódicos, consiguieron que publicaran la papeleta en sus páginas y que los ciudadanos pudieran recortarla con unas tijeras, doblarla y depositarla en el sobre electoral. Quienes no compraban periódicos también podían conseguirla: los estudiantes repartían fotocopias en buses, semáforos, universidades, plazas de mercado y entradas de iglesias. No había redes sociales, campañas digitales ni grandes presupuestos. Había estudiantes convencidos de que una idea podía convertirse en una decisión política si conseguían que suficientes personas la respaldaran.

El día de las elecciones, los jurados no tenían la obligación de contar aquellas papeletas como votos oficiales. Los estudiantes y observadores se organizaron para pedir que fueran guardadas y realizar después su propio conteo. No hubo un resultado oficial de la Registraduría, pero los recuentos informales superaron los dos millones de papeletas y algunas estimaciones llegaron a dos millones y medio. Lo que empezó como un papelito que había que recortar terminó convirtiéndose en una presión ciudadana que el país ya no podía ignorar.

En diciembre de ese mismo año, Colombia eligió a sus constituyentes. El resultado fue una Asamblea heterogénea, en la que participaron sectores políticos tradicionales, movimientos sociales, representantes indígenas y antiguos integrantes de organizaciones guerrilleras que habían decidido abandonar las armas. Los 70 escaños elegidos se distribuyeron así: Partido Liberal, 25; Alianza Democrática M-19, 19; Movimiento de Salvación Nacional, 11; Partido Conservador, 9; Unión Cristiana, 2; Unión Patriótica, 2; ONIC, 1; AICO, 1. A ellos se sumaron cuatro representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, con distintas condiciones de participación.

Y aquí quiero detenerme en Antonio Navarro Wolff.

Ingeniero sanitario, profesor universitario y guerrillero del M-19. Fue uno de los máximos dirigentes de esa organización y asumió su comandancia tras el asesinato de Carlos Pizarro en abril de 1990. Wolff había sufrido un atentado en 1985 que le provocó la amputación de su pierna izquierda y afectó permanentemente su habla. Sin embargo, ninguna de esas secuelas le impidió seguir haciendo política ni participar en la construcción de una nueva Colombia.

Navarro lideró el cumplimiento del acuerdo de paz del M-19, acompañó la entrega de armas y la transformación de la organización en un movimiento político legal. Posteriormente fue ministro de Salud y encabezó la lista de la Alianza Democrática M-19 a la Constituyente, donde obtuvo 19 de las 70 curules elegidas.

Y es que, al parecer, ahora resulta muy fácil llamar “guerrillero” o “guerrillera” a quien se atreva a hablar de paz. Como si esa palabra pudiera borrar toda una historia, como si Colombia no hubiera sido un país atravesado por la violencia, como si la posibilidad de construir una democracia también hubiera dependido de que quienes estuvieron en la guerra decidieran dejarla.

Parece que algunos quisieran convertir esa palabra en una condena permanente, incluso cuando se trata de personas que participaron en procesos de desmovilización, entregaron las armas y contribuyeron a construir las instituciones que hoy nos permiten vivir en democracia. Y en medio de esa discusión, parece que se nos olvida algo elemental: la paz no se construye únicamente con quienes siempre estuvieron de acuerdo, sino también con quienes alguna vez estuvieron enfrentados.

La Constitución de 1991 es, precisamente, una de las mayores pruebas de ello. Fue producto de una decisión colectiva de abrir la democracia, ampliar derechos, reconocer la diversidad y permitir que sectores históricamente excluidos participaran en la construcción del Estado. No fue una Constitución escrita exclusivamente por quienes nunca empuñaron un arma. También participaron antiguos guerrilleros que entendieron que la transformación del país debía hacerse desde la política y no desde la violencia.

Por eso, cuando hoy vemos amenazados derechos que nos costaron tanto conquistar y garantizar, cuando parece que algunos quisieran desmontar lo que se construyó durante décadas, la memoria de la Constituyente debería servirnos para revisar qué estamos defendiendo y qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras diferencias políticas.

Porque si algo demuestra la historia de 1991 es que la paz no se hizo excluyendo a quienes alguna vez estuvieron en la guerra. Se hizo sentándolos a discutir con quienes habían sido sus adversarios, reconociendo que el país no podía seguir resolviendo sus diferencias a través de la violencia.

Entonces pregunto: ¿qué tanto entendemos hoy de aquella apuesta por la paz? ¿Qué significa llamar “guerrillero” a alguien que dejó las armas y decidió participar en la construcción democrática? ¿Y qué tan dispuestos estamos a reconocer que una parte de los derechos que hoy defendemos también fueron construidos por personas a las que algunos todavía prefieren condenar por su pasado?

Sí la Constitución que hoy tenemos también se escribió con antiguos guerrilleros. Y quizás eso debería incomodar más a quienes utilizan la palabra “guerrillero” como argumento para descalificar cualquier apuesta por la paz.

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No Apto @noaptoco · Oct 22

¿Cuánto les cuesta la verdad?
Por: @Tania_Torres___

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una reducción de $181.402 millones en el presupuesto de 2027. Aunque el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto por decreto, tomando como base el texto aprobado en primer debate, la discusión sobre los recursos del tribunal dejó algo claro: hay sectores políticos que siguen cuestionando su existencia y sus resultados.

Me conflictúa la facilidad con la que personas que no han tenido que buscar a un familiar desaparecido, que no han tenido que reconstruir sus vidas después de la violencia o que no han tenido que convivir con las consecuencias del conflicto se sienten autorizadas para reducir una institución de esta naturaleza a una discusión sobre cuánto cuesta. Como si la paz pudiera liquidarse en una hoja de Excel y la reparación de las víctimas fuera un gasto prescindible.

La JEP nació del Acuerdo de Paz de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. No es una institución improvisada ni un capricho político. Su creación responde a la necesidad de esclarecer una violencia que durante décadas dejó a miles de familias sin respuestas y a un país acostumbrado a enterrar a sus muertos sin saber quiénes los había asesinado ni por qué.

Hablemos de los falsos positivos. Durante años, la cifra que conocimos fue de 6.402 víctimas, pero la investigación de la JEP amplió el periodo analizado y llegó a identificar 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016. La cifra crece porque aparecen nuevos elementos y se reconstruyen hechos que durante años permanecieron ocultos. No son números para alimentar una disputa partidista. Son personas asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate, familias que merecen saber qué ocurrió y responsables que deben responder por sus actos.

A la fecha, los macrocasos y las investigaciones abiertas por el tribunal abarcan alrededor de 840.000 víctimas del conflicto armado. Detengámonos un momento en esa cifra. La JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018, según los datos presentados en el debate presupuestal. Si dividiéramos esa suma entre esas 840.000 víctimas, hablaríamos de aproximadamente 3,57 millones de pesos por víctima durante todo ese periodo. Es un ejercicio ilustrativo, no una fórmula para distribuir el presupuesto ni una medida de reparación individual. Pero sirve para preguntarnos algo: ¿cuánto vale recuperar a un hijo desaparecido?, ¿cuánto cuesta devolverle la tranquilidad a una familia que lleva décadas buscando respuestas?, ¿cuánto dinero repara una vida arrebatada? Ni siquiera esos billones alcanzarían para responder al dolor que dejó la violencia. Y, aun así, hay quienes pretenden que la discusión se agote en cuánto cuesta mantener la institución que busca esclarecerla.

Que la JEP deba rendir cuentas no está en discusión. Sus contratos, desplazamientos y gastos deben ser transparentes, y sus resultados tienen que evaluarse. Lo que me cuesta entender es que algunos congresistas presenten sus cuestionamientos como si el tribunal no hubiera producido resultados, desconociendo el trabajo de investigación, reconocimiento y búsqueda que ha desarrollado. La justicia restaurativa no consiste en perdonar a los responsables y dejarlos seguir con sus vidas. Exige verdad, reconocimiento de responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. La justicia ordinaria tampoco ha conseguido esclarecer por sí sola todos los crímenes de una guerra que atravesó generaciones y territorios enteros.

Las audiencias de reconocimiento, los procesos restaurativos y la búsqueda de desaparecidos no son paseos ni actividades innecesarias. Son parte de una justicia que intenta responder preguntas que durante décadas quedaron abiertas. En el caso de Casanare, por ejemplo, las investigaciones sobre personas desaparecidas y presentadas como bajas en combate muestran por qué es necesario reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y escuchar a las familias. Para quienes llevan años buscando a sus seres queridos, conocer la verdad no es un resultado menor.

Y esta discusión no se puede separar de lo que está pasando con la memoria en Colombia. Las controversias alrededor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y las decisiones políticas sobre qué expresiones artísticas deben permanecer en el espacio público me preocupan porque parecen partir de una misma pregunta: ¿quién decide qué debe recordar el país y qué puede borrar de su historia? El monolito del Centro de Memoria no está ahí para decorar una ciudad. Es un memorial que representa el duelo de miles de víctimas y la necesidad de reconocer nuestra historia violenta. ¿También vamos a demolerlo porque nos incomoda lo que representa?

La JEP utiliza las instalaciones y plataformas del Centro de Memoria para desarrollar audiencias, transmisiones y diálogos pedagógicos relacionados con la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la no repetición. La memoria y la justicia transicional están conectadas: sin preservar lo ocurrido, sin escuchar a quienes sobrevivieron y sin reconocer a quienes fueron asesinados, difícilmente podremos construir una sociedad que no repita su historia.

Esto no se trata de traer a Álvaro Uribe al banquillo de los acusados, como pretenden simplificar algunos la discusión. Se trata de que ninguna persona esté por encima de la obligación de esclarecer los crímenes y responder ante la justicia cuando corresponda. Tampoco se trata de darle a la JEP un cheque en blanco. Se trata de entender que una institución puede y debe ser vigilada sin desconocer el propósito para el que fue creada.

La JEP fue concebida para funcionar durante quince años y lleva ocho. No podemos exigir que resuelva en ese tiempo todas las heridas de una guerra que duró décadas, aunque sí debemos pedirle resultados y cumplimiento de sus obligaciones. Mientras discutimos sus costos, hay madres que siguen buscando a sus hijos, niños y niñas que crecieron con familias destruidas y comunidades que hoy enfrentan nuevas formas de violencia y reclutamiento. ¿De verdad creemos que debilitar las herramientas para esclarecer el pasado nos ayudará a resolver esas heridas?

Entiendo a los congresistas que exigen explicaciones sobre los recursos públicos. Lo que me cuesta aceptar es que la preocupación por el presupuesto termine pesando más que la obligación de escuchar a las víctimas. Todos los días convivimos con dolores que no sabemos cómo perdonar y, aun así, tenemos el atrevimiento de decidir cómo deberían repararse los demás, cuánto deberían costarnos sus heridas y cuándo tendrían que dejar de hablar de ellas.

En un país con tanta violencia, la JEP es necesaria. Podemos discutir su gestión, exigir transparencia y corregir sus fallas, pero no podemos convertir esas discusiones en una excusa para desconocer su papel restaurador ni para cerrar los ojos ante las verdades que todavía faltan por conocer.

Hay futuro si hay verdad.

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No Apto @noaptoco · Oct 15

¿Ustedes por qué marchan?
Por: @Tania_Torres___

Ayer se movilizaron miles de personas en distintas ciudades del país. Una manifestación que, para mí, llegó un poco afanada. No voté por este Gobierno y tampoco he estado de acuerdo con sus anuncios, pero eso no significa que cualquier convocatoria de la oposición me parezca acertada. Entonces pregunto: ¿cuáles son los motivos de la manifestación? Porque, para muchos ciudadanos, no son tan claros. Y encontrarlos me resultó más difícil de lo que debería.

Entre las razones están las decisiones del Ministerio del Trabajo de derogar 11 circulares y la intención de modificar otras disposiciones relacionadas con la negociación colectiva, la intermediación laboral y las funciones de los inspectores de trabajo. También están las preocupaciones por un nuevo estatuto del trabajo, la solicitud de aplazamiento de un año para la reforma pensional, las discusiones sobre el salario mínimo vital y el rechazo al estatuto antiterrorista. A esto se suman las advertencias de dirigentes sindicales sobre posibles retrocesos en derechos laborales y sociales. Son asuntos que merecen atención, discusión pública y explicaciones claras.

Encontrar estos puntos me pareció un poco arduo. La información aparece dispersa entre declaraciones, comunicados y publicaciones en redes sociales. Por momentos, parece chismorreo político. Me recordó a las movilizaciones de la universidad pública, cuando escribíamos punto por punto los motivos de la manifestación. Tal vez nos hace falta un poco de esa pedagogía: explicar qué está pasando, qué se pretende cambiar, a quiénes afecta y por qué debería importarnos. No basta con decir que los derechos están en peligro; hay que contarle a la gente cuáles son esos derechos, cómo se amenazan y qué se propone hacer para defenderlos.

No estoy diciendo que estos asuntos no sean preocupantes. Por supuesto que lo son. Pero una cosa es reconocer que existen amenazas y otra muy distinta es saber cómo responder ante ellas. Esta movilización también parece una reacción anticipada frente a un Gobierno que promete mucho y que apenas comienza a mostrar cómo pretende gobernar. No digo que debamos esperar a que ocurra lo peor para salir a las calles. Digo que la oposición necesita aprender a distinguir entre las batallas que debe dar y las energías que debe reservar.

A Gustavo Petro, que hoy vuelve a liderar a la izquierda y parece sentirse muy confiado de las personas que lo siguen, le haría una recomendación: nada está asegurado. Muchos de sus electores ya se lo demostraron cuando la presidencia pasó a manos de un showman. La izquierda necesita una cara, una figura en la que creer y un liderazgo que la convoque. Pero las mejores jugadas no son las que agotan a todo el equipo por no haber planeado la estrategia. Una oposición que sale a las calles por cada anuncio, sin construir una agenda comprensible y sostenida, corre el riesgo de desgastarse antes de que lleguen las batallas más importantes.

Las manifestaciones merecen seriedad. No solo por parte de quienes gobiernan, sino también de quienes hacen oposición. La protesta no puede convertirse en el capricho de un líder, en una demostración de fuerza para alimentar su protagonismo ni en un escenario utilizado para empezar a acomodar las fichas de las próximas elecciones territoriales. Si los derechos están en juego, la movilización debe tener razones claras, objetivos concretos y una ciudadanía que entienda por qué está marchando. De lo contrario, terminaremos confundiendo la capacidad de llenar las calles con la capacidad de transformar las cosas.

Y mientras discutimos la pertinencia de esta movilización, el Gobierno expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre, que modifica el protocolo de actuación de la Policía durante las manifestaciones. Uno de sus cambios establece que, ante hechos de violencia, la intervención individual contra quienes los cometan no tiene que esperar a que termine el diálogo con el conjunto de los manifestantes. Aunque la norma mantiene garantías para quienes protestan pacíficamente, el cambio abre preguntas importantes sobre la intervención policial, la protección de los derechos y las condiciones en las que se decidirá utilizar la fuerza.

Que este decreto se expida precisamente en medio de una jornada de movilización resulta, cuando menos, provocador. Y con Abelardo de la Espriella ya conocemos una forma de hacer política que parece apostar por mantener a todo el mundo a la expectativa, mover las emociones y convertir cada decisión en un nuevo motivo de confrontación. No puedo afirmar que el propósito del decreto sea provocar a quienes protestan, pero sí creo que el momento de su expedición y sus implicaciones merecen un debate serio. El derecho a la protesta no puede quedar a merced de la interpretación más conveniente para quien tiene el poder, ni la oposición debería necesitar una provocación para recordar por qué es importante defenderlo.

Por eso vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿ustedes por qué marchan? Ojalá tengamos respuestas que vayan más allá de una consigna, de la confianza ciega en un dirigente o del rechazo automático a quien piensa distinto. No porque haya que justificar cada derecho que se reclama, sino porque defenderlo exige saber qué está en riesgo y qué estamos dispuestos a hacer para protegerlo.

Guardemos energía. No para quedarnos callados ni para mirar hacia otro lado, sino para saber cuándo, por qué y cómo salir a defender lo que importa. Nos quedan años de temor e incertidumbre. Y si la oposición quiere estar a la altura de lo que viene, tendrá que entender que no basta con convocar a la gente: también hay que saber para qué se la convoca.

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No Apto @noaptoco · Oct 8

¿Cuál es la edad correcta para ser una víctima?
Por: @Tania_Torres___

Las mujeres estamos hablando del caso de Blanca Pardo, me encantaría que todo el país estuviese hablando de ella, pero como no, entonces dejaré solo “las mujeres”. Cuando a una mujer la matan el mensaje es para todas nosotras: de un Estado que se hace el de la vista gorda frente a las violencias de género, de una cultura de silencio y de complicidad. Y esta preocupación no aparece sola. Mientras hablamos de Blanca, seguimos viendo cifras de feminicidios, violencia sexual y violencias basadas en género que nos obligan a preguntarnos qué tan seguras están realmente las mujeres y las niñas en Colombia.

Al mismo tiempo, el Estado parece querer reducir el espacio que ocupan algunos de nuestros derechos. El 6 de octubre Colombia se abstuvo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a una enmienda que buscaba retirar del texto de una resolución una referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Y no es una discusión menor ni solamente de palabras: los derechos sexuales y reproductivos están ligados a la autonomía, la igualdad, la no discriminación y la posibilidad de decidir libremente sobre la propia vida. Mientras las mujeres seguimos necesitando que el Estado nos proteja de la violencia, también tenemos que estar pendientes de que los derechos que hemos conseguido no empiecen a retroceder silenciosamente en decisiones que parecen técnicas, diplomáticas o lejanas, pero que terminan definiendo qué vidas, qué cuerpos y qué libertades merecen ser reconocidos.

Blanca Pardo, una mujer de Nariño, salió a recoger leña a sus 72 años y no regresó. Fue encontrada por su hija desnuda, abusada, con mordidas y gravemente herida. Blanca falleció y, hasta ahora, no hay responsables capturados por estos hechos. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Que la señora de la tercera edad iba vestida de determinada manera? ¿Lo que se encontraba haciendo? ¿La hora a la que salió de su casa? ¿Que estaba sola? Ninguna. No hay ropa, hora, lugar ni edad que convierta a una mujer en responsable de la violencia que otro decidió ejercer sobre ella. Y entonces aparece la pregunta que da título a esta columna: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? Porque pareciera que hasta para reconocer la violencia contra una mujer necesitamos condiciones. Que sea joven, pero no demasiado joven. Que estuviera en el lugar correcto. Que no hubiera salido sola. Que no hubiera tomado. Que hubiera denunciado. Que hubiera hecho todo aquello que socialmente esperamos de una mujer para considerar que merece justicia. Blanca tenía 72 años. Y aun así terminó agonizando en un matorral después de una violencia que nadie debería tener que soportar a ninguna edad.

Para quienes me leen cada semana, una disculpa por siempre hablar de mujeres y género, pero es que cada semana hay algo peor que lo anterior. Hoy escribo esta columna agradeciendo estar viva. Hace diez años pudo ser una de nosotras y no Yuliana Samboní, una niña de apenas siete años que fue secuestrada, abusada y asesinada en Bogotá. El 31 de octubre de 2025, mientras muchas personas celebraban Halloween y regresaban a sus casas, Magda Patricia Muñoz Montilla, de 44 años, fue atacada a tiros junto a su hijo Sebastián Mora Muñoz en una pizzería de Pasto por su exesposo y padre del joven, el coronel retirado Ariel Mora Rodríguez. Sebastián murió y Magda permaneció cinco días en una UCI hasta que también falleció por la gravedad de sus heridas. Y hoy tenemos que hablar de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que salió de su casa a recoger leña y terminó en un matorral, después de una agresión que le costó la vida.

Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿cuál es la edad correcta para ser una víctima? ¿7, 44 o 72? ¿Cuál es la edad en la que finalmente entendemos que una mujer no tuvo la culpa? Tal vez el problema es que seguimos buscando la edad, la ropa, la hora, el lugar o la circunstancia que nos permita explicar una violencia que nunca debió ocurrir. Tal vez deberíamos dejar de preguntarnos qué hizo una mujer para terminar así y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y qué está haciendo el Estado para que esto siga ocurriendo.

Tal vez mientras leen esto sea triste, incómodo, incluso agotador. Pero les aseguro que esas niñas y mujeres sintieron el infierno mientras compartían con sus agresores y antes de morir en manos de ellos. Y si cada semana tenemos que volver a hablar de ellas, será porque todavía no hemos logrado que sus historias dejen de repetirse.

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No Apto @noaptoco · Sep 24

¿Los hombres sí lloran?
Por: @Tania_Torres___

¿O más bien qué tipo de hombre eres para poder llorar? ¿Un hombre blanco, famoso y lleno de privilegios?

Hace unos días se abrió nuevamente el debate alrededor de Los hombres sí lloran, el pódcast de Juan Pablo Raba. Y puedo confesar que, como muchos, esperaba encontrar un espacio capaz de hablar de lo que significa ser hombre hoy, de las formas en las que los hombres se relacionan consigo mismos y con los demás, de la salud mental, de las emociones que aprendieron a esconder y de esa idea de masculinidad que durante años les ha exigido ser fuertes, proveedores, dominantes y, sobre todo, incapaces de mostrar vulnerabilidad.

La idea era necesaria. La conversación también.

Pero después de escuchar algunas de las discusiones que se han generado alrededor del espacio, me queda una sensación distinta. Un canal que pretende hablar de salud mental masculina no puede terminar convertido en un comité de aplausos para hombres famosos, millonarios y llenos de privilegios, donde sus excesos, sus adicciones, sus infidelidades o sus decisiones más cuestionables se cuentan como anécdotas de una vida interesante, sin que exista también una confrontación sobre lo que esas acciones significan y sobre las personas que pudieron resultar afectadas.

Y no se trata de decir que los hombres no puedan equivocarse, consumir drogas, ser infieles, tener una vida de excesos o atravesar momentos difíciles. Se trata de entender que contar una historia desde la vulnerabilidad no elimina la responsabilidad sobre lo que ocurrió en ella.

Los hombres necesitan hablar de salud mental. Muchísimo. Los datos lo demuestran. En Colombia, durante 2022, 2.254 hombres murieron por suicidio frente a 598 mujeres, según datos del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El grupo entre los 20 y los 24 años concentró el mayor número de suicidios para ambos sexos.

Y hay otra cifra que también debería hacer parte de esta conversación. Cerca del 93 % de las víctimas de homicidio en Colombia son hombres. Es decir, los hombres aparecen de manera abrumadora entre quienes mueren producto de la violencia, pero también son mayoritariamente hombres quienes ejercen muchas de esas violencias. Ahí está una de las conversaciones que no podemos dejar por fuera.

Hablar del sufrimiento masculino también implica hablar de la manera en que el patriarcado ha construido una idea de hombre que no puede llorar, que tiene que resolver, que no puede pedir ayuda, que debe demostrar permanentemente fuerza y que muchas veces termina sin herramientas para manejar lo que siente. Pero reconocer ese daño no significa quitarle al hombre la responsabilidad sobre lo que hace con él.

La masculinidad frágil tampoco debería convertirse en una excusa para romantizar la falta de control emocional, las adicciones, la irresponsabilidad afectiva o el abandono de las responsabilidades familiares. Un hombre puede estar deprimido y necesitar ayuda. Puede tener una historia difícil. Puede haber crecido en un entorno donde nadie le enseñó a expresar sus emociones. Todo eso merece ser escuchado. Y al mismo tiempo puede tener que responder por las violencias que ofrece, por las personas que lastima y por las responsabilidades que decide asumir o abandonar.

Me parece importante que podamos decirles a los hombres que llorar está bien sin convertir esa frase en el final de la conversación. Que puedan hablar de sus heridas sin que eso borre las heridas que ellos mismos han causado. Que puedan reconocer que también han sido víctimas de una forma de entender la masculinidad y, al mismo tiempo, preguntarse qué partes de esa misma estructura están reproduciendo.

Entonces sí, los hombres lloran. Y qué bueno que lo hagan. Pero un espacio que tiene la posibilidad de poner estas conversaciones frente a miles de personas tiene también una responsabilidad enorme: no quedarse únicamente en la comodidad de escuchar a hombres famosos contar sus heridas. Hay que abrir la conversación completa, incluso cuando resulte incómoda.

Un hombre puede llorar. Puede sufrir. Puede pedir ayuda.

Y también puede hacerse cargo de lo que hace después de secarse las lágrimas.

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